El 4 de noviembre de 2007 en el Servicio Penitenciario Provincial de Santiago del Estero (Unidad Penitenciaria N°1 para Varones), resultaron muertos al menos 35 internos y otros tantos resultaron heridos a causa de un incendio en el pabellón Séptimo. El hecho fue enmarcado como motín o fuga inicial, pero las denuncias de familiares, organismos de derechos humanos y medios alternativos apuntan hacia una responsabilidad estatal directa: puertas trabadas, sobrepoblación, violencia institucional. agenciapacourondo.com.ar+1
La tarde de ese domingo, el complejo penitenciario alojaba –según denuncias– a 375 personas en un espacio previsto para 220, lo que representa una sobrepoblación del 122 %. agenciapacourondo.com.ar+1 Las familias de los fallecidos, los sobrevivientes y los organismos de vigilancia de derechos humanos sostienen que la masacre no fue una “consecuencia imprevista” sino el corolario de un sistema penitenciario negligente, articulado con un entramado de represión y abandono estructural. Anred+1
“Los balearon y los dejaron morir quemados”
“Los balearon y los dejaron morir quemados”, denunciaron las familias. agenciapacourondo.com.ar
Esa frase —dura en su literalidad— abre la grieta entre la versión institucional que habló de fuga o motín, y las declaraciones de internos y sus allegados que apuntan a que el fuego fue provocado por falta de respuesta, por trabas a las salidas y por requisas violentas allí mismo, apenas horas antes.
Los testimonios relatan que el día previo ya se habían registrado requisas agresivas: mujeres visitaban a sus parejas detenidos y denunciaban desnudamientos, tocamientos y reducción de visitas. Esa tensión acumulada habría detonado la protesta de los presos, que a su vez habría sido resuelta con mano dura por la guardia carcelaria. pts.org.ar+1
Una puerta cerrada, un fuego, una vida que no vuelve
Las investigaciones conjuntas de organismos de derechos humanos revelaron que, cuando el incendio comenzó, muchas de las puertas de los pabellones ya estaban trabadas por el exterior, impidiendo la evacuación rápida de los presos. Cels+1 Además, los colchones eran de poliuretano altamente inflamable, el sistema contra incendios no funcionaba correctamente y el humo se expandió sin control. En un contexto de hacinamiento extremo, el incendio se convirtió en una trampa mortal.
La analogía con otras tragedias penitenciarias argentinas —como la Masacre de Magdalena (2005, Buenos Aires) — es significativa: menos protección, sobrepoblación prolongada, respuestas tardías del Estado. Cels+1
Justicia mínima, memoria pendiente
En mayo de 2015 comenzó el juicio en Santiago del Estero, donde fueron procesados varios funcionarios y guardias penitenciarios acusados de homicidio y lesiones culposas. Entre ellos: Carlos José Salomón, Manuel Orlando Ocampo y Mariano Arturo Cuellar. agenciapacourondo.com.ar+1 Sin embargo —denuncian familiares y organizaciones— la mayoría de los responsables políticos no comparecieron y las penas resultaron moderadas, en comparación con la magnitud del daño. “Es una segunda masacre”, tituló el medio Página/12. PAGINA12
Contexto político, colonialismo carcelario y memoria
La masacre no puede leerse como un episodio aislado o un accidente fortuito. Es parte de un patrón más amplio de institucionalización de la violencia carcelaria en Argentina: cárceles saturadas, población joven y pobre, demoras procesales, detenciones sin condena, políticas de mano dura como solución rápida. Anred+1
En Santiago del Estero, provincia con alta pobreza estructural y fuerte presencia indígena y campesina, la crisis penitenciaria se confunde con otras formas de exclusión y represión estatal. El abandono institucional, la criminalización de los sectores populares y la represión de reclamos sociales constituyen un entorno que no solo es represivo, sino profundamente político. Anred
¿Qué nos deja la herida abierta?
La masacre puede pensarse como un espejo donde se reflejan varias preguntas urgentes:
- ¿Sirven los sistemas de encierro para la “reinserción” o más bien para el castigo y la invisibilidad social?
- ¿Cuándo una prisión se convierte en máquina de invisibilización de los sectores vulnerables?
- ¿Puede un llamado “Estado de derecho” permitirse que decenas de personas mueran tras un incendio en un penal, sin que haya consecuencias políticas a nivel superior?
Para avanzar en respuestas, los familiares de las víctimas y los organismos de derechos humanos han reclamado la creación de una comisión investigadora independiente del Estado que pueda esclarecer responsabilidades políticas. pts.org.ar También exigen que se revisen las políticas penitenciarias: disminución de la prisión preventiva, menores detenciones sin condena, mejora estructural de los centros de detención y la implementación efectiva de estándares internacionales de derechos humanos. Cels
Epílogo
La luz se fue, pero la sombra persiste. Los pabellones de la cárcel santiagueña guardan huellas de aquel día de noviembre: un fuego que comenzó dentro pero dejó en evidencia la combustión del sistema. Las montañas del norte argentino siguen inmóviles, pero en su interior se encierra una historia que exige memoria activa, justicia real y transformación radical de lo que entendemos por encierro, seguridad y dignidad.
“No hay derecho, los volvieron a matar.” PAGINA12
