Las heridas que no cierran
En Ecuador, decenas de adolescentes fueron internados por sus propias familias en los llamados centros de deshomosexualización. Eran lugares de encierro disfrazados de clínicas terapéuticas, donde se aplicaban castigos, malnutrición, aislamiento y torturas.
“Los golpeaban, los encerraban, los violaban para que ‘aprendieran a ser normales’”, relata una víctima entrevistada por la revista Gatopardo en su reportaje Las clínicas del miedo.
El trabajo, realizado por la periodista Lydia Moscoso, documenta los testimonios de quienes sobrevivieron a estos centros, conocidos por los organismos de derechos humanos como “los centros del terror”.
La investigación también fue acompañada por el Taller de Comunicación Mujer, una organización ecuatoriana con más de 40 años de trayectoria en la defensa de los derechos LGBTIQ+.
¿Qué son las llamadas “terapias de conversión”?
El término “terapia de conversión” se utiliza para describir intervenciones médicas, psicológicas o religiosas destinadas a cambiar la orientación sexual o la identidad de género de una persona.
Su fundamento parte de una idea falsa: que la diversidad sexual y de género es una desviación o enfermedad que debe “corregirse”.
Desde 1990, la Organización Mundial de la Salud (OMS) retiró a la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales, subrayando que “toda práctica que busque modificar la orientación sexual de una persona constituye una violación a los derechos humanos”.
Entre los métodos empleados en estos lugares se registran:
- Electrochocks o descargas eléctricas
- Inducción de náuseas mediante fármacos
- Exorcismos o rituales religiosos
- Drogas sedantes o psicotrópicas
- Violaciones “correctivas”
- Golpes, aislamiento y abusos físicos o sexuales
Según el Informe sobre Tortura Sexual y de Género del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (2020), estas prácticas equivalen a tortura y deben ser penalizadas por los Estados.
El caso peruano: retrocesos bajo el discurso médico
El 14 de mayo de 2024, el gobierno de Dina Boluarte en Perú incluyó a la transexualidad dentro de la categoría de “trastornos mentales” en el Plan Esencial de Aseguramiento en Salud (PEAS).
Apenas un día después, la promulgación del Decreto Ley 32331 habilitó el uso de tratamientos psiquiátricos o hormonales sin consentimiento en personas trans, bajo el argumento de “cuidado preventivo”.
Diversas organizaciones —entre ellas The Trevor Project y Amnistía Internacional— denunciaron la medida como un retroceso en materia de derechos humanos. Según encuestas realizadas en 2024, el 55 % de la juventud LGBTIQ+ en Perú había considerado el suicidio en los últimos 12 meses, una cifra que asciende entre personas trans y no binarias.
“Nombrar una identidad como enfermedad es una forma de tortura simbólica”, escribió la filósofa Paul B. Preciado en una columna publicada por Le Monde Diplomatique (2024).
Un día para recordar: 17 de mayo
Cada 17 de mayo se conmemora a nivel mundial el Día Internacional contra la Homofobia, la Bifobia y la Transfobia, en recuerdo de la decisión de la OMS de eliminar la homosexualidad de su lista de trastornos mentales.
Sin embargo, colectivos y académicos advierten que el término “fobia” resulta inadecuado, porque sugiere una patología individual en lugar de un sistema estructural de odio. Por eso, muchas organizaciones adoptan una nueva denominación:
“Día contra el Homodio, el Biodio y el Transodio.”
El mapa global del odio institucionalizado
Pese a los avances, la criminalización de las disidencias sexuales sigue siendo una realidad en buena parte del mundo:
- En 6 países miembros de la ONU, la pena de muerte sigue vigente por relaciones sexuales consensuadas entre personas del mismo sexo.
- En 62 naciones, los actos sexuales entre personas del mismo sexo aún son delitos penales.
- Solo 45 Estados miembros de la ONU poseen leyes específicas que protegen a personas LGBTIQ+ de la discriminación.
Estos datos surgen del Informe Global sobre Legislación Sexual elaborado por ILGA Mundo (2024).
“Era un lugar asqueroso y yo estaba tirada, sangrando”
“Un domingo estaba en la casa tomando café, cuando desperté ya estaba allí. Lo primero que recuerdo es que era un lugar asqueroso y yo estaba tirada, semidesnuda, sangrando. Había otra chica a mi lado, también toda golpeada y otro chico. Supuestamente era una clínica de rehabilitación para drogadictos, pero al menos los tres que estábamos allí habíamos sido llevados por nuestras familias porque ‘no éramos normales’. El chico era gay, la chica lesbiana. Yo tenía quince años.”
— Testimonio del libro Retratos del encierro, Organización Taller de Comunicación Mujer.
El relato condensa la brutalidad y la impunidad que aún rodean a estas instituciones. Bajo el manto de la moral o la salud mental, se ejerce una violencia estructural que atraviesa el cuerpo, la fe y el Estado.
Resistencias que sanan
En América Latina, los movimientos LGBTIQ+ articulan hoy estrategias de memoria, justicia y acompañamiento psicológico para sobrevivientes.
Colectivos como Casa Trans (Argentina), Silueta X (Ecuador) y Trevor Project (Latinoamérica) impulsan políticas de reparación, formación docente y campañas para erradicar las “terapias” de conversión en todas sus formas.
“Cada vez que un Estado reconoce nuestra identidad, curamos una herida colectiva”, dijo en una entrevista reciente la activista mexicana Kenia Cuevas, sobreviviente de una “clínica” clandestina en los años 90.
Cierre: la memoria como acto político
La lucha contra las terapias de conversión es, ante todo, una batalla por el derecho a existir sin culpa ni corrección.
Nombrar el horror, como hicieron las víctimas ecuatorianas, es también un modo de justicia.
Porque cada testimonio —cada cuerpo que sobrevivió al encierro— desafía al poder que pretendió “curarlo”.
“No necesitamos conversión. Necesitamos reparación.”
— Colectivo Transfeminista Latinoamericano, 2025.
